En un escenario nacional marcado por profundas brechas habitacionales y modelos urbanos excluyentes, la Resolución asigna 152 cupos para mejoramiento de vivienda urbana y rural, con una inversión de $8.500 millones durante el primer semestre de 2026, beneficiando a comunidades en distintos territorios del país. La medida representa un avance concreto en la garantía del derecho a la vivienda digna y en la construcción de entornos más equitativos.
El resultado es fruto de más de un año de movilización social, articulación territorial y cualificación técnica impulsada por organizaciones que confluyen en la plataforma “Aquí en la lucha transformamos” y en escenarios de deliberación como la Cumbre Urbana Popular (CUNAP). Espacios que han reivindicado el derecho de la ciudadanía frente a dinámicas de exclusión y mercantilización de la vida.
La participación de la Universidad ha sido liderada por el profesor Alfonso Insuasty Rodríguez, coordinador del Grupo de Investigación GIDPAD, del CIDEH y referente en REDIPAZ, quien ha aportado investigación crítica, sustento técnico y coherencia ética al proceso de incidencia en política pública. Su liderazgo evidencia cómo la academia puede trascender el análisis para convertirse en actor activo de transformación territorial.
La huella Bonaventuriana reafirma que el conocimiento no se limita al aula: dialoga con las comunidades, incide en decisiones estructurales y contribuye a garantizar derechos fundamentales. Inspirados en valores franciscanos, promovemos una Universidad que pone el saber al servicio de la vida digna y que asume la investigación como compromiso con la justicia social.
Caminamos juntos para transformarnos, construyendo territorios más justos e incluyentes.
