El 28 de febrero el Juzgado 39 Municipal de Medellín con control de garantías tuteló el derecho a la vivienda adecuada de tres familias, representadas por la Clínica Jurídica en Derechos Humanos, coordinada por la docente Astrid Osorio Álvarez y los estudiantes Ángela Quintero, Lina Sánchez y Albeiro Sánchez, de la Facultad de Derecho, quienes han dedicado un año y medio a la investigación y litigio del caso, con el fin de recuperar las pruebas necesarias para solicitar la tutela.

El fallo ordena que se resuelva la situación habitacional de estas familias del sector de la Comuna 8. En la tutela radicada se solicitó que sea amparado el derecho a la vivienda teniendo en cuenta el especial arraigo que tienen con su entorno, reconociendo que la vivienda no se reduce al simple espacio físico, sino que, además, hacen parte de otras condiciones culturales, sociales y económicas que revisten una importancia en la vida digna de las personas.

Las familias beneficiarias del fallo acudieron hace un año y medio a la Clínica Jurídica para recibir apoyo con el fin de encontrar una solución de vivienda, pues en el marco de un proceso de reasentamiento las tres familias se encuentran en condiciones precarias de vida desde hace cuatro años, como consecuencia de diferentes decisiones de la administración municipal y del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED), se espera que estos entes impugnen el fallo.

La Clínica Jurídica no dudó en apoyar el proceso, pues la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales es uno de sus objetivos principales. La importante decisión que se presenta en el caso tiene que ver precisamente con el derecho que se busca tutelar, pues jurídicamente se ha entendido este como de segunda generación o prestacional de consecución progresiva. Sin embargo, el trabajo clínico encontró que, frente a las obligaciones internacionales del Estado colombiano, este es un derecho humano fundamental que implica obligaciones inmediatas cuando sujetos de especial protección como mujeres cabezas de familia, niños y niñas, y personas en condición de desplazamiento lo reclaman mediante tutela.

Fuente: Facultad de Derecho